En 1883 arranca la etapa del reformismo social en España. El Estado, si bien de forma todavía muy tímida y con bastante retraso respecto a otros países europeos, acometía la tarea de ordenar las relaciones entre capital y trabajo e incluso de legislar en materia de trabajo. La reforma se produjo en un clima social que inquietaba a la clase política, en una coyuntura en la que proliferaron los conflictos laborales y obreros entre 1880 y 1883, inmediatamente después de las huelgas de tipógrafos en Madrid y Barcelona. Es interesante comprobar como una iniciativa pública que surge con el objeto de estudiar todas las cuestiones que directamente interesa a la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, concluye con la firme decisión de intervenir en la vida y ocupación de las mujeres, de regular el ámbito de los comportamientos privados y de reorganizar las costumbres de las familias de las clases trabajadoras.

Mujeres trabajando en las fortificaciones del sitio de Bilbao durante la segunda guerra carlista. Litografía de la época.

Efectivamente, en un contexto de cambio social derivado de la modernización económica, la situación y condición de las mujeres en el s. XIX se hizo "visible" a los ojos de la clase política, de las élites intelectuales y de la opinión pública en general. Las valoraciones de los agentes sociales al respecto se hacía en los siguientes términos: "Diariamente va a en aumento el número de mujeres ocupadas en las fábricas y talleres; y no ya dedicándose a los trabajos sedentarios o ligeros, sino a aquellas manufacturas que necesitan fuerza y actividad; pues muchas veces se las ve suplantando a los hombres en las faenas más penosas. En España no se ha acentuado tanto como en Inglaterra y los Estados Unidos esta tendencia que traerá tristísimas consecuencias para un día quizá no lejano" (Reformas Sociales. Información oral y escrita, publicada de 1889 a 1893, Tomo II, p.380).

Cargueras de los muelles de Bilbao en el siglo XIX.

Los reformadores tenían razón en cuanto a la intensa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo asalariado. En el País Vasco, por lo menos, esta situación tuvo un buen reflejo en sus estadísticas. A lo largo de la transición al sistema fabril (1850-1900) en las comunidades industriales vascas -tanto en el Bilbao minero y siderometalúrgico, como en la Guipúzcoa del textil y de las papeleras, como en los pueblos costeros relacionados con la pesca-, las tasas de actividad femenina alcanzaron niveles cercanos al 50 por cien. Son niveles de empleo de femenino muy superiores a los actuales de la Comunidad Autónoma Vasca que giran alrededor del 40 por cien. El cambio social generado en la sociedad vasca a partir del proceso liberalizador de la segunda mitad del siglo XIX potenció nuevas formas de organización del trabajo. Las iniciativas empresariales combinaron la concentración de la producción en fábricas con la pervivencia de pequeñas empresas de carácter familiar, dejando un amplio margen de decisión a las mujeres sobre cuando y cómo constituirse en oferta de trabajo dentro de los nuevos mercados de trabajo que surgieron al calor de la industrialización.

Fábrica de Nuestra Señora del Carmen, en el Desierto (Barakaldo, Bizkaia), según grabado de 1882.

Tanto las estadísticas sobre actividad laboral como los testimonios de la época confirman que la formación del Estado liberal en la España del s. XIX no había logrado asentar aquel modelo social propugnado por la burguesía, articulado sobre los ideales del ganador de pan y el ama de casa. A pesar de los esfuerzos de la administración y de la clase política por desplegar estas categorías en la sociedad del siglo diecinueve, a la Comisión de Reformas Sociales no le queda más remedio que reconocer el profundo desafío que significaba para las nuevas regiones industriales como la vasca, que las mujeres de clase obrera aprovecharan intensamente todas las nuevas oportunidades que les brindaba los cambios producidos en el contexto de la asalarización y mecanización del mundo industrial.

Esta realidad social contradice la idea extendida de que el capitalismo industrial expulsó a las mujeres del mercado de trabajo debido a la separación de los espacios productivo (taller o fábrica) y reproductivo (hogar). Por el contrario, las posibilidades laborales para las mujeres aumentaron. Además de los trabajos remunerados más tradicionales que venían desempeñando - como la agricultura y ganadería de los caseríos orientada a los nuevos mercados urbanos, el servicio doméstico, las actividades de compra venta- participaron plenamente de las nuevas oportunidades que surgían en los talleres textiles (especialmente en relación a la industria del lino y de la lana), en la alimentación, en las nuevas fábricas papeleras, en las tabacaleras, en un sinfín de tareas -como planchadoras, costureras, cocineras- demandadas por las clases medias urbanas, así como en el conjunto de actividades relacionadas con el asentamiento de los inmigrantes (hospedaje y manutención de pupilos).

Taller de fabricación de boinas, en Tolosa (Gipuzkoa), a fines del siglo XIX.

Por otra parte, a lo largo del s. XIX, cuando los niveles de vida impedían la reproducción de las familias en base al salario exclusivo del cabeza de familia, no había lugar a dudas sobre cuál fue la actitud femenina hacia el empleo. Todo empujaba en una misma dirección, las mujeres intervinieron activamente en la obtención de recursos económicos para ellas y para sus familias.

El "problema" para los contemporáneos no era tanto una cuestión cuantitativa- que muchas mujeres participaran con su trabajo en la obtención de rentas- sino sobre todo cualitativa, es decir, que las mujeres "salieran de sus hogares" para trabajar. La nueva imagen de las obreras realizando tareas no precisamente consideradas como femeninas creaba una profunda inquietud e incluso alarma entre algunos sectores cercanos al establishment político. Los ideales de feminidad se estaban alterando profundamente. Las prácticas laborales femeninas se juzgaban en términos de subversión moral. "El alejamiento del hogar para asistir a las ocupaciones de la fábrica es en extremo fatal para la familia, para la especie y para la mujer misma". Este estado de conciencia social que explica la multitud de esfuerzos e iniciativas que se llevaran a cabo a lo largo del primer tercio del s. XX, encaminadas todas ellas, directa o indirectamente, a reorganizar y reformar el cuerpo, la vida y la ocupación de las mujeres.

Taller de pulidoras de La Unión Cerrajera, de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), en 1914.

Efectivamente, las mujeres de clase obrera del País Vasco no asumieron los ideales propuestos por los grupos dominantes. Su comportamiento en nada se parecía a aquella imagen creada bajo el estereotipo del "ángel del hogar". Sus prácticas sociales distaron mucho de aquel imaginario social basado en una separación nítida de espacios público y privado asignados respectivamente a hombres y mujeres en base a sus capacidades "naturales". La presencia de las mujeres en los espacios públicos, en el taller o en la fábrica, en el comercio en las plazas donde vendían los productos agrícolas- transformó el carácter de las relaciones intrafamiliares. Además mostraron unas pautas en su organización familiar muy lejanas de aquellos modelos más tradicionales, en los que la casa, la familia y la tierra mantenían una fuerte integración, en base una intensa jerarquía entre las generaciones, y un gran poder de los padres sobre la movilidad social de los hijos. Los hogares obreros eran muy amplios, corresidían padres e hijos con parientes y vecinos. Se casaban a edades muy jóvenes. Sus pautas matrimoniales estaban más cerca de una unión conyugal entre compañeros que de los modelos matrimoniales propios de pautas patrilocales, en bases a contratos económicos acordados entre los padres. El carácter de sus familias estaba definido por un fuerte grado de autonomía y de capacidad de decisión de los hijos respecto a la autoridad paterna y marital. Aparecían entre las mujeres y los hijos ciertas cotas de libertad desconocidas hasta entonces. Todo ello ponía de relieve la ruptura con antiguos vínculos jerárquicos propios de las familias preindustriales. De esta forma la necesidad económica acabó enseñando el significado de la autonomía respecto al esposo o al cabeza de familia.

Boda a la antigua usanza.

Las grandes reformas sociales del primer tercio del s. XX fueron encaminadas a alterar las bases sobre las que se constituye la familia obrera. La clase política interpretó que la cuestión social tenía su origen no tanto en las relaciones laborales sino en la organización de la vida privada y familiar de los trabajadores y no tuvieron ningún inconveniente en establecer una profunda reforma en aquellos aspectos que influían en la decisiones o motivaciones de la oferta de trabajo. La exaltación de las virtudes femeninas como esposa y madre fue la base de una política social dirigida a la vida doméstica y que contribuyó a cambiar la actitud de las mujeres hacia el trabajo extradoméstico. Conceptos como el de "ama de casa" o "economía doméstica" se potenciaron y asumieron en este contexto social .

Este estado de opinión justifica que la primera ley en materia social laboral fuera la Ley de Protección del Trabajo de Mujeres (1900). La clase política se sentía socialmente legitimada para intervenir en el ámbito privado de las clases obreras, y más concretamente sobre las esposas e hijas de los trabajadores, hasta entonces un espacio sagrado e invulnerable para cualquier Estado que se preciara de liberal. El esfuerzo por parte de las fuerzas vivas de cara a la integración social de las clases obreras en un ambiente de protesta y conflictividad laboral, se materializó en iniciativas de intervención en los actos más íntimos de las mujeres desde una comprensión de las mismas como seres débiles y necesitados de protección. Se justificaba así su necesaria protección, en aras de un fin superior, la consolidación del Estado y en definitiva, la paz social. De esta forma, la cuestión social se convirtió en una cuestión de género.